El Ayuntamiento de Cintruénigo y la Mancomunidad de Aguas de Fitero, Cascante y la localidad cirbonera, personados como acusación particular en el caso Cintruénigo y ambos gobernados por el PSN, consideran que la juez que instruye esta causa "no ha permitido que se investigara convenientemente". Así figura en el informe que recientemente realizó la abogada Mª Luisa Moneo Mateo, que representa a este Consistorio y al órgano mancomunado, y que es muy crítico con la actuación de la titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tudela, Emma Vitoria Marín, encargada de esta causa.
En concreto, la letrada Moneo se queja de que las pruebas que se han solicitado "con el fin de saber cuánto, a dónde y cómo se ha organizado lo que todos conocemos como las cajas B y C", han encontrado "siempre la negativa como respuesta".
A juicio de la abogada de la acusación particular, las resoluciones dictadas por la magistrada Vitoria Marín para "dar negativas a cuantas pruebas ha propuesto esta parte y la acusación popular que ejerce Aralar han sido tan escuetas como inverosímiles".
PRUEBAS DENEGADAS Las diligencias propuestas por las acusaciones, que de momento no han sido tenidas en cuenta por la juez, son numerosísimas. Al menos se han solicitado nueve pruebas documentales que han sido denegadas, incluida una para que la Hacienda Foral remita un certificado de las devoluciones de IVA que hizo durante los años 2002 a 2007 a favor de la Mancomunidad de Aguas, abonos que presuntamente fueron a parar a la denominada caja C. También han demandado sin éxito que declaren los empleados del Ayuntamiento de Cintruénigo que no recibieron cantidad alguna por trabajar en varios procesos electorales, quienes tuvieron conocimiento de estos pagos al verlos contemplados en sus declaraciones de la renta y que en su día informaron de lo sucedido al entonces alcalde de este Consistorio y hoy parlamentario de UPN, Faustino León.
Por todo esto, la acusación particular ha presentado varios recursos de reforma y subsidiarios de apelación, se ha adherido al que presentó Aralar el 22 de mayo de 2009 y también solicitó la nulidad de actuaciones el 23 de noviembre del año pasado. Sin embargo, a punto de cumplirse un año de los primeros recursos, la abogada Moneo recuerda que "todavía no se ha resuelto ninguno".
En el informe remitido a la totalidad de la corporación del Ayuntamiento de Cintruénigo, la letrada también recuerda que tanto la acusación particular como la popular -que desempeñan Aralar y la izquierda abertzale- pidieron la imputación de Faustino León el 14 de diciembre de 2009, pero "la juzgadora instructora todavía no se ha pronunciado".
La juez, no obstante, sí ha respondido en sendas providencias fechadas los días 29 de mayo y 22 de julio de 2009 que considera "innecesarias las diligencias solicitadas" y adelanta que "la instrucción se encuentra finalizada" con "los medios probatorios que obran en la causa".
Quince meses después de que se iniciara la investigación del caso Cintruénigo, la magistrada que lleva esta causa sólo ha imputado a José María González Sesma, quien desempeñó funciones de secretario en este Ayuntamiento desde 1978, cargo que también ejerció en la Mancomunidad de Aguas desde 1989 hasta su jubilación, justo ahora hace un año. En un auto que hizo público el 1 de diciembre de 2009, la juez concluía que existen "indicios racionales bastantes" para imputar a González Sesma "la comisión de un delito de malversación de caudales públicos".
No ha estimado, sin embargo, las alegaciones presentadas por las acusaciones particular y popular, que entienden que "existen indicios racionales" de que León, alcalde de Cintruénigo entre 1995 y 2007, incurrió en el delito de malversación de fondos públicos del que actualmente sólo se acusa a González Sesma.
En el supuesto de que la magistrada Vitoria Marín imputara a León en el caso Cintruénigo, debería inhibirse en la causa y dar traslado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), puesto que éste es el único en la Comunidad Foral capacitado para juzgar al parlamentario regionalista, dada su condición de aforado.
González Sesma declaró en sede judicial que León conocía la caja B, que se utilizó para pagar gastos de difícil encaje presupuestario.
En concreto, la letrada Moneo se queja de que las pruebas que se han solicitado "con el fin de saber cuánto, a dónde y cómo se ha organizado lo que todos conocemos como las cajas B y C", han encontrado "siempre la negativa como respuesta".
A juicio de la abogada de la acusación particular, las resoluciones dictadas por la magistrada Vitoria Marín para "dar negativas a cuantas pruebas ha propuesto esta parte y la acusación popular que ejerce Aralar han sido tan escuetas como inverosímiles".
PRUEBAS DENEGADAS Las diligencias propuestas por las acusaciones, que de momento no han sido tenidas en cuenta por la juez, son numerosísimas. Al menos se han solicitado nueve pruebas documentales que han sido denegadas, incluida una para que la Hacienda Foral remita un certificado de las devoluciones de IVA que hizo durante los años 2002 a 2007 a favor de la Mancomunidad de Aguas, abonos que presuntamente fueron a parar a la denominada caja C. También han demandado sin éxito que declaren los empleados del Ayuntamiento de Cintruénigo que no recibieron cantidad alguna por trabajar en varios procesos electorales, quienes tuvieron conocimiento de estos pagos al verlos contemplados en sus declaraciones de la renta y que en su día informaron de lo sucedido al entonces alcalde de este Consistorio y hoy parlamentario de UPN, Faustino León.
Por todo esto, la acusación particular ha presentado varios recursos de reforma y subsidiarios de apelación, se ha adherido al que presentó Aralar el 22 de mayo de 2009 y también solicitó la nulidad de actuaciones el 23 de noviembre del año pasado. Sin embargo, a punto de cumplirse un año de los primeros recursos, la abogada Moneo recuerda que "todavía no se ha resuelto ninguno".
En el informe remitido a la totalidad de la corporación del Ayuntamiento de Cintruénigo, la letrada también recuerda que tanto la acusación particular como la popular -que desempeñan Aralar y la izquierda abertzale- pidieron la imputación de Faustino León el 14 de diciembre de 2009, pero "la juzgadora instructora todavía no se ha pronunciado".
La juez, no obstante, sí ha respondido en sendas providencias fechadas los días 29 de mayo y 22 de julio de 2009 que considera "innecesarias las diligencias solicitadas" y adelanta que "la instrucción se encuentra finalizada" con "los medios probatorios que obran en la causa".
Quince meses después de que se iniciara la investigación del caso Cintruénigo, la magistrada que lleva esta causa sólo ha imputado a José María González Sesma, quien desempeñó funciones de secretario en este Ayuntamiento desde 1978, cargo que también ejerció en la Mancomunidad de Aguas desde 1989 hasta su jubilación, justo ahora hace un año. En un auto que hizo público el 1 de diciembre de 2009, la juez concluía que existen "indicios racionales bastantes" para imputar a González Sesma "la comisión de un delito de malversación de caudales públicos".
No ha estimado, sin embargo, las alegaciones presentadas por las acusaciones particular y popular, que entienden que "existen indicios racionales" de que León, alcalde de Cintruénigo entre 1995 y 2007, incurrió en el delito de malversación de fondos públicos del que actualmente sólo se acusa a González Sesma.
En el supuesto de que la magistrada Vitoria Marín imputara a León en el caso Cintruénigo, debería inhibirse en la causa y dar traslado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), puesto que éste es el único en la Comunidad Foral capacitado para juzgar al parlamentario regionalista, dada su condición de aforado.
González Sesma declaró en sede judicial que León conocía la caja B, que se utilizó para pagar gastos de difícil encaje presupuestario.
Entradas
